Tanto la Comisión de Asuntos Medioambientales (CAMA) como la de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), cada una en el ámbito de sus competencias, adoptan decisiones que afectan directamente la calidad de la vida de l@s ciudadan@s asturian@s. La resolución de los procedimientos de evaluación de muy diversas actuaciones con impacto en el medio ambiente o la aprobación de los planes generales de ordenación de las ciudades son algunos ejemplos de ello. Sin embargo, por asombroso que pueda parecer, la ciudadanía está excluida de esa toma de decisiones: en estos órganos, además de las distintas administraciones públicas, participan con voz y voto representantes de diversos colectivos e intereses -entre ellos la Confederación Asturiana de la Construcción-, mientras que los de la Sociedad Civil brillan por su ausencia.
Desde su nacimiento, el Movimiento 15M ha denunciado el déficit de participación de las personas en los asuntos que influyen directamente sus vidas, y ha negado la pretendida representación del Pueblo de la que hace ostentación la actual clase política. En esa línea, el 7 de octubre pasado la Asamblea del 15M de Oviedo, a propuesta del Grupo de Urbanismo y Barrios, decidió sumarse a la reclamación que desde 2008 vienen efectuando diversas asociaciones ecologistas y de defensa del territorio asturianas a favor de la participación ciudadana en la CAMA y la CUOTA. Ahora que el nuevo Gobierno del Principado de Asturias prepara los decretos que regulan la composición y funcionamiento de estos órganos es el momento de hacer oír de manera unitaria nuestra voz. Además de en la razón, esta demanda se sustenta en diversas normas legales, entre ellas el Convenio de Aarhus (ratificado por el Estado Español en 2004) y nuestra propia Constitución. Participación pública en los asuntos urbanísticos y ambientales para garantizar la transparencia en la toma de decisiones y como el mejor antídoto contra la corrupción y la prevalencia de los intereses espurios sobre el Interés Común.
